viernes, 6 de enero de 2012

Sobre héroes, tumbas y asesinos

La Operación militar Chavín de Huántar pasó de ser una  proeza militar a una historia incompleta con presagio de final oscuro. Los números oficiales (142 comandos, 71 rehenes liberados, dos bajas militares y 14 subversivos abatidos) omitieron la verdad incómoda de  la ejecución extrajudicial de varios terroristas rendidos.

Fueron los  cadáveres de los emerretistas, exhumados cuatro años  después, y algunos testimonios de exrehenes los que contaron la versión no oficial pero real de lo que sucedió aquella tarde del 22 de abril de 1997.  A la operación rescate le siguió una segunda, ejecutada por un escuadrón de aniquilamiento que actuó con la anuencia de los militares y  bajo el mando de la dupla Fujimori – Montesinos, que regentaba el poder.
Todo empezó a  las 3 y 23 de la tarde, con la primera explosión que sorprendió a los emerretistas en medio de un partido de fulbito en la planta baja de la residencia  del embajador japonés Morihita Aoki. Era el momento culminante de un operativo minuciosamente planificado:  los comandos habían dividido la casa en áreas y  habían memorizado los planos de la residencia para poder moverse dentro de ella en medio del polvo y el humo que seguiría a las detonaciones. Se había alquilado las casas colindantes  para utilizarlas durante la construcción del  túnel que fue clave de la operación y luego, como áreas de rescate para los rehenes. Nada había sido dejado a la improvisación.
 Mientras los cautivos permanecían en el segundo piso descansando, el primer estruendo les confirmó que el rumor  que  corría hacía ya varios días  era una realidad. Inmediatamente dos explosiones más y varios grupos de comandos ingresaron a los diferentes ambientes de la mansión. El tiroteo ya se había desatado y, según la versión oficial, fue allí que se abatió a  los terroristas que habían sobrevivido a la incursión militar. A Néstor Cerpa, dicen,  los disparos lo alcanzaron a la mitad de las escaleras, mientras intentaba subir. Recibió 42 impactos, 11 de ellos en la cabeza.  
A menos de 15 minutos  de haber iniciado las acciones,  un grupo de comandos comenzó la evacuación de los rehenes. En  uno de los pabellones del segundo piso,  conocido como "Chinatown",  se encontraba un número importante de prisioneros japoneses, incluyendo al diplomático Hidetaka Ogura, testigo clave de la supervivencia  de por lo menos tres subversivos tras el operativo. Fue mientras bajaba, agazapado por las escaleras de servicio con dirección a la boca del túnel que lo llevaría hasta una de las casas colindantes a la residencia, que afirma haber visto a dos subversivos, un hombre y una mujer, rodeados de comandos. “Al voltearme allí vi que dos miembros del MRTA estaban rodeados por los militares, una mujer y un hombre a quien no puedo reconocer porque tenía estatura baja y estaba rodeado por los militares de estatura alta. Antes de bajar la escalera portátil he escuchado que ella estaba gritando algo así como “no lo maten” o “no me maten”. Cuando bajamos al suelo, esperamos unos minutos al costado del edificio de la residencia para salir a la casa vecina. Allí he escuchado algunas detonaciones y disparos“,  dijo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Diferente versión sobre el destino de estos jóvenes es la que dieron los comandos. “Ellos declaran que cuando estaban sacando a unos rehenes  por el balcón se acerca  una pareja con fusiles en mano a  atacarlos, entonces les dispararon. Pero cómo explican que ambos jóvenes tengan disparos hechos por la espalda si supuestamente venían de frente. Las versiones no son convincentes”, dice la abogada Gloria Cano, de Aprodeh. Una de estos probables ejecutados fue Herma Luz Meléndez Cueva, la camarada Melissa, una joven de aproximadamente 17 años que, según información obtenida por Aprodeh fue secuestrada por los terroristas a los 14 años, enrolada a la fuerza  y obligada a ser pareja sexual  de algunos de los  mandos del MRTA. A su lado, estaba el camarada Dante. Cada uno recibió siete impactos de bala en la espalda y sendos disparos en la zona craneal occipital.
El Informe del Equipo de Antropología Forense, luego de analizar los cuerpos exhumados en 2001, concluye que, en varios casos, los disparos en el cráneo tienen una forma perfectamente redondeada, que solo puede darse si la persona está completamente inmóvil. “En el 57% de los casos se registró un tipo de lesión que típicamente perforó la región posterior del cuello… (…). La distribución y recurrencia de estas lesiones las convierte en un patrón. El hecho de que estas lesiones sigan la misma trayectoria (de atrás hacia adelante), sugiere que la posición de la víctima con respecto al tirador fue siempre la misma, y que la movilidad de la víctima, por lo tanto, fue mínima si no igual a 0”, dice el informe de julio de 2001.
La explicación a estas muertes nunca esclarecidas está en la presencia de un grupo que nada tenía que ver con el rescate. Su objetivo final  y único empezó casi como un segundo operativo: acabar con todos  los emerretistas que hubiesen sobrevivido. “En unas fotos se ve  unas personas entrando a la residencia con pasamontañas y portando armas largas (AKM) diferentes a las usadas por los comandos (subametralladoras Hecler Koch MP5). Y justamente el patrón que se repite en  varios de los cuerpos es el de orificios procedentes de armas de alta velocidad”, dice Gloria Cano.
Eran los miembros de un “grupo especial” de siete militares enviado por Montesinos y comandado por gente de su confianza, como Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga.  Aurelio Loret de Mola, Ministro de Defensa durante la etapa de las primeras investigaciones, los bautizó como “los gallinazos” y les atribuyó la responsabilidad de todo el lado oscuro de un operativo que pretendía ser impecable. La presencia de este grupo paralelo no estaba contemplada como parte de la operación pero debió contar con la anuencia de los jefes militares. “No cualquiera podía estar circulando por ahí sin la autorización de Williams”, dice Cano.
La evidencia más contundente que confirmó las sospechas  de la barbarie oficial fue el caso de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, el camarada Tito: sólo presenta un orificio de bala en la cabeza con una trayectoria de atrás hacia adelante. La pista de una ejecución está perfectamente clara. “Munición con ingreso por la parte posterior del cráneo. Con trayectoria de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. La amplitud y extensión de la fracturas sugiere que la herida debió ser causada por un proyectil de alta velocidad”,  dice el Informe realizado por José Pablo Baráybar. Además,  varios testigos afirmaron haber visto a Tito con vida luego de finalizado el operativo de rescate: en el año 2002, los suboficiales de la policía Marcial Teodorico Torres Arteaga y Raúl Robles Reynoso, subordinados de Zamudio,  declararon a una revista que  redujeron a ‘Tito’ durante el rescate, cuando intentó huir confundido entre los rehenes, y lo amarraron. Y el diplomático Hidetaka Ogura declaró ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación que vio en el jardín de la casa vecina  a Cruz Sánchez con vida: “En ese jardín, vi a un miembro del MRTA que se llamaba “Tito”. Sus manos estaban amarradas atrás y su cuerpo estaba tendido boca abajo hacia el suelo. El movió su cuerpo, así que pude reconocer que él estaba vivo. Cuando intentó hablar levantando su cabeza, un policía armado que estaba de custodia, pateó su cabeza y esta empezó a sangrar. Unos minutos después, apareció un militar del túnel e hizo levantar a “Tito” y lo llevó a la residencia”, dijo Ogura. Lo mismo declaró el general, y jefe de la Dincote en esos años, Félix Rivera, ante la Fiscalía que investigaba el caso: “(…) pregunto de forma general cuántos rehenes han muerto y me contesta parece que Giusti es el único y le digo de los emerretistas, me contestaron de forma general “Tito está con vida y se lo han llevado los comandos”, dijo. Sin embargo, Tito apareció finalmente muerto en la parte posterior de la casa,  con una granada en la mano a pesar de que, según más de un testimonio, había sido revisado y maniatado por miembros del escuadrón. “Hay algunas cosas que parecen preparadas. Según el acta de levantamiento de cadáveres, el camarada de Tito estaba ubicado cerca a la casa 1, que es por donde entró Fujimori pocos minutos después de finalizado el operativo.  Sin embargo, cuando le pregunté al general Robles del Castillo, que fue quien recibió al presidente, si había visto el cuerpo, me respondió que no. Tito no murió durante ningún enfrentamiento. Su ejecución  se produjo después”, asegura Gloria Cano.  
Otro de los casos donde la hipótesis de la ejecución es más que válida es el del camarada Marcos, un joven de aproximadamente 16 años. Sobre él no hay evidencias directas, por eso no se judicializó, pero sí existe el testimonio de varios rehenes que cuentan haberlo visto de rodillas, arrojando su arma y pidiendo perdón. Su cuerpo fue encontrado con ocho disparos, uno de ellos en la cabeza, y otro  en la región posterior de la rodilla izquierda.
La opinión de los peritos que analizaron los cuerpos es concluyente: “Es factible afirmar que existen evidencias, en al menos ocho de los catorce casos, en que las víctimas se habrían hallado incapacitadas al ser disparadas. La localización de las lesiones y su recurrencia indican, asimismo, que quienes las infligieron tenían conocimiento fehaciente de lo letales que eran”.
Secretos y omisiones
Hay demasiados indicios de que algo se pretendía ocultar: inmediatamente después del operativo no se permitió el ingreso del personal de UDEX, ni de la fiscal o de los peritos de criminalística,  para realizar las pruebas de absorción atómica de los  emerretistas muertos. Y, sin en embargo,  algunos informes y peritajes se firmaron bajo presión. “Todo apunta a que tiene que haber habido una orden posterior a  la finalización del operativo. Y ahora han cerrado filas en torno al caso. Dicen que no saben nada porque las comunicaciones fallaron, pero en el reporte de inteligencia no se da cuenta de ninguna irregularidad. Y cuando la Sala que veía el caso pidió el Plan de operaciones del rescate desde el Ministerio de Defensa dijeron que todo se quemó”, dice Cano. El envío de los cuerpos a la morgue del Hospital de la Policía y el hecho de que se enterraran  de forma clandestina, sin permitir la devolución a sus familiares, fortalece la teoría de de la conspiración. El general José Williams Zapata, que era quien dirigía  todo el operativo, no aclaró nunca por qué  autorizó el ingreso de un comando paralelo de aniquilamiento.
Cuando se abrió el  caso judicial  en el 2001, quedó claro que  se produjeron por lo menos tres ejecuciones extrajudiciales: la de Eduardo Cruz Sánchez, camarada “Tito”;  Herma Luz Meléndez Cueva, “Melissa”; y David Peceros Pedraza, “Dante”.  A pesar de las evidencias científicas y los testimonios, la actuación judicial fue lamentable. Según Gloria Cano, el juez Jorge Barreto que estaba cargo del caso, nunca se interesó por realizar indagaciones verdaderas en torno a los otros casos. Además, el juez Saúl Peña Farfán tenía en su despacho una maleta con 15  álbumes llenos de  fotografías de la operación y los cuadernos de inteligencia donde estaba el diseño del operativo y los datos recopilados al interior a través de los micrófonos, información valiosa que debía haber entregado al juez a cargo del caso. “La entrega se hizo finalmente a través de un oficio, pero los negativos de esas fotos fueron revisados y manipulados antes de que los abogados pudiéramos tener acceso a ellas”, dice Cano. “Hubo mucha interferencia para que pudiera administrarse justicia. Se desvió al proceso al fuero militar a pesar de que existía un claro pronunciamiento sobre la competencia del fuero común para casos de derechos humanos”, agrega. El fuero militar absolvió a todos los comandos y solo llevo a Montesinos, Hermosa Ríos, Huamán Azcurra y Zamudio a los tribunales civiles. Ese juicio empezó el 2002 y hasta ahora no termina. Esa es la razón más importante detrás de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado Peruano ha actuado como cómplice y encubridor de un comando de aniquilamiento. Y eso es lo que defienden los fujimoristas, el señor Rey, el señor Barba y ahora, ya lo vimos, el primer ministro Oscar Valdés.

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