Un río de lamentos

Aquí no se puede correr. Hay un río que te obliga a nadar para seguir a flote. Las aguas marrones del Itaya discurren por esos espacios que deberían ser calles. En vez de carros hay canoas.  En vez de niños empezando a vivir, hay pequeños malabaristas cruzando andamios y precoces navegantes retando caudales. En Belén hay que aprender rápido a no caer. Pero, muchas veces, eso es imposible.

En San Francisco, una de las zonas inundables y siempre inundadas del distrito más pobre de la provincia de Maynas, en Iquitos, Sonia Panduro (43) revive su tragedia repetida: no perdió uno sino dos hijos tragados por un río que no da tregua. “Hace 24 años yo perdí a una hija de seis años. Se cayó al río y murió ahogada. No pude salvarla porque no sabía cómo darle los primeros auxilios. Fue desesperante. Parecía que me iba a volver loca de dolor”, me dice una mujer que a pesar del tiempo transcurrido aún se quiebra recordando que aquella vez perdió, además, a un esposo que no supo acompañarla, y la abandonó. Tenía tres hijos y una vida rota.

Sonia Panduro (43)  tuvo ocho hijos. Perdió dos en el río. 

Ahora Sonia tiene seis hijos vivos  y dos recuerdos lacerantes. A la tragedia de perder a Evelyn, hace 24 años, tuvo que sumarle otro masazo hace siete. “Yo pensé que algo así no podía pasarme otra vez y sucedió. Mi hijo de dos años se ahogó y tampoco  pude hacer nada para evitarlo. Fue un dolor peor que la primera vez. Pero ahora he aprendido: unos voluntarios de la ONG "Operación Bendición" nos han enseñado a dar los primeros auxilios y el otro día pude salvar a un niñito de un año que se había caído al río. Hice con él lo que no pude hacer con mis hijitos”, dice, y los ojos se le llenan de lágrimas. En lo que va del 2016, solo en la jurisdicción de 6 de octubre, uno de los custro establecimientos de salud del distrito, se han registrado 4 casos de ahogamiento de niños menores de cinco años.

La zona baja de Belén es de esos lugares insólitos en un país que considera que avanza. Viviendas de madera construidas sobre pilotes para aminorar el azote del río. Más madera haciendo las veces de precarios  puentes entre una casa y otra. A ras de suelo, allí donde acaban las pocas veredas que se salvaron de la inundación y empieza el barro que se esquiva con unos cuantos tablones, transcurre la vida cotidiana.  Rocío López le da de lactar a su hijo Rafael, de cuatro meses, apoyada  en uno de esos troncos que da soporte a su casa, mientras una tina con ropa a medio lavar (a veces con agua de río) la espera a  sus espaldas.

Una niña llora desconsolada en las alturas de su palafito (que es como se denominan a estas casitas de madera). Está parada en uno de esos maderos inestables y un poco roídos por la humedad. Abajo, Rocío no se inmuta ante la posibilidad de que se caiga. Lo que para mí es un peligro inminente y  una situación angustiante, es para ella una cuestión del día a día. “Tengo dos hijos. Y sí, da miedo porque cuando todo se inunda los bebés se pueden caer al río o las maderas húmedas se pueden romper. Pero, ¿qué puedo hacer?”, dice la joven con el tono resignado de quien se ha cansado de pelear con la realidad.

Casas flotantes y vidas que se hunden en la miseria.

Belén vive la mitad del año bajo el agua y todo el tiempo en condiciones sanitarias deplorables. El agua del Itaya  a la que niños y adultos se lanzan diariamente, para bañarse o para cruzar al otro lado, es también el desagüe de la zona. La basura flota,  se acumula en los alrededores, los habitantes conviven con el riesgo de infecciones y varias enfermedades. Los más pequeños son los más afectados. Condiciones como ésta merman irremediablemente su crecimiento y afectan su desarrollo.

 Hay muchos casos de malaria, niños con infecciones estomacales constantes y, como resultado, una alta tasa de desnutrición y anemia: 30% y 42%, respectivamente. “En época de creciente los casos de parasitosis y diarreas aumenta en más del 50% y les damos tratamiento con zinc” nos cuenta Irayda Ramírez, encargada de atención a la  primera infancia en el Centro de Salud 6 de Octubre. A esa cifra amenazante hay que sumarle  la cantidad de niños que han muerto ahogados en los últimos años. 38 al año  han calculado instituciones como Infant- dedicada a proyectos y protección de la niñez.

Los casos de ahogamiento parecen formar parte de una realidad asumida casi como normal por la población. En el centro de Salud 6 de Octubre, que atiende a una población de alrededor de mil niños menores de 5 años, las encargadas batallan con los padres, los aconsejan para redoblar los cuidados en casa pero no hay un programa de entrenamiento que los prepare para enfrentar situaciones como esta. “Las madres se van a descansar y a veces se descuidan.  Los niños más pequeños se asoman a la puerta pensando que se van a encontrar con tierra firme y se encuentran con agua. Los padres, como es lógico, caen en desesperación ante la escena y no atinan a hacer nada. El último caso que vimos fue el mes pasado. Un niño de aproximadamente un año y medio, cayó al agua. Se salvó porque lo encontraron a los pocos segundos, lo trajeron semiinconsciente al centro de salud. Como necesitaba intubarlo y otros cuidados especiales tuvimos que trasladarlo al hospital de Iquitos para su tratamiento”, nos comenta Illedy Yahuarcani, miembro del área de epidemiología en el mismo puesto de Salud.  Según esta especialista, que es además, la responsable del programa de tratamiento de  tuberculosis, hay más amenazas que se ciernen sobre la población de la zona: en este año ya se tienen registrados 21 casos de TBC, dos de ellos afectan a niños menores de 3 años.

San Francisco, uno de los asentamientos humanos del empobrecido Belén que tiene alrededor de 75 685 habitantes según el INEI. El 70% de la población está en la extrema pobreza. 

La vida en esta comunidad flotante es la misma desde hace mucho: zozobra en tiempos de crecida del río,  la rutina de la sobrevivencia cuando baja, la escasez siempre. “Yo trabajo vendiendo mis artículos de primera necesidad. Cuando es crecida, vendo mis abarrotes en canoa. Y cuando hay tierra vendo comida y así me ayudo para poder sacar adelante a mi familia”, me cuenta Sonia, la madre doliente, esa mujer de 43 años que tiene aún mucha lucha por delante: su hijo menor  tiene tres años y  una de sus hijas,  Ruth, de 19, ya le dio dos nietos que ayuda a criar en su humilde casa en medio del río.

Aunque hay un proyecto estatal para trasladar a esta población en riesgo a un nuevo espacio en la tierra firme de Varillalito, un lugar ubicado de 12 kilómetros al sur de Iquitos, muchos vecinos de Belén se niegan a dejar esta vida. Temen que las ayudas sociales se corten,  que las donaciones y actividades de las ONG’s se acaben, no quieren tener que pagar por los servicios públicos (agua, luz) que malamente reciben. "Hasta la lejanía del mercado es una excusa para no irse"  me cuenta Yahuarcani. Han renunciado a la vivienda digna en nombre de lo que les parece más seguro.

Otros, como Sonia, mantienen la esperanza en el futuro. “Yo nací, crecí y me hice madre y abuela aquí en San Francisco. Es duro ver a tus hijos siempre en riesgo, es doloroso cuando pasa lo que a mí me pasó. Pero hay que seguir para adelante. Siempre se puede volver a empezar”.

Sobre héroes, tumbas y asesinos

La Operación militar Chavín de Huántar pasó de ser una  proeza militar a una historia incompleta con presagio de final oscuro. Los números oficiales (142 comandos, 71 rehenes liberados, dos bajas militares y 14 subversivos abatidos) omitieron la verdad incómoda de  la ejecución extrajudicial de varios terroristas rendidos.

Fueron los  cadáveres de los emerretistas, exhumados cuatro años  después, y algunos testimonios de exrehenes los que contaron la versión no oficial pero real de lo que sucedió aquella tarde del 22 de abril de 1997.  A la operación rescate le siguió una segunda, ejecutada por un escuadrón de aniquilamiento que actuó con la anuencia de los militares y  bajo el mando de la dupla Fujimori – Montesinos, que regentaba el poder.

Todo empezó a  las 3 y 23 de la tarde, con la primera explosión que sorprendió a los emerretistas en medio de un partido de fulbito en la planta baja de la residencia  del embajador japonés Morihita Aoki. Era el momento culminante de un operativo minuciosamente planificado:  los comandos habían dividido la casa en áreas y  habían memorizado los planos de la residencia para poder moverse dentro de ella en medio del polvo y el humo que seguiría a las detonaciones. Se había alquilado las casas colindantes  para utilizarlas durante la construcción del  túnel que fue clave de la operación y luego, como áreas de rescate para los rehenes. Nada había sido dejado a la improvisación.

 Mientras los cautivos permanecían en el segundo piso descansando, el primer estruendo les confirmó que el rumor  que  corría hacía ya varios días  era una realidad. Inmediatamente dos explosiones más y varios grupos de comandos ingresaron a los diferentes ambientes de la mansión. El tiroteo ya se había desatado y, según la versión oficial, fue allí que se abatió a  los terroristas que habían sobrevivido a la incursión militar. A Néstor Cerpa, dicen,  los disparos lo alcanzaron a la mitad de las escaleras, mientras intentaba subir. Recibió 42 impactos, 11 de ellos en la cabeza.  

A menos de 15 minutos  de haber iniciado las acciones,  un grupo de comandos comenzó la evacuación de los rehenes. En  uno de los pabellones del segundo piso,  conocido como "Chinatown",  se encontraba un número importante de prisioneros japoneses, incluyendo al diplomático Hidetaka Ogura, testigo clave de la supervivencia  de por lo menos tres subversivos tras el operativo. Fue mientras bajaba, agazapado por las escaleras de servicio con dirección a la boca del túnel que lo llevaría hasta una de las casas colindantes a la residencia, que afirma haber visto a dos subversivos, un hombre y una mujer, rodeados de comandos. “Al voltearme allí vi que dos miembros del MRTA estaban rodeados por los militares, una mujer y un hombre a quien no puedo reconocer porque tenía estatura baja y estaba rodeado por los militares de estatura alta. Antes de bajar la escalera portátil he escuchado que ella estaba gritando algo así como “no lo maten” o “no me maten”. Cuando bajamos al suelo, esperamos unos minutos al costado del edificio de la residencia para salir a la casa vecina. Allí he escuchado algunas detonaciones y disparos“,  dijo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Diferente versión sobre el destino de estos jóvenes es la que dieron los comandos. “Ellos declaran que cuando estaban sacando a unos rehenes  por el balcón se acerca  una pareja con fusiles en mano a  atacarlos, entonces les dispararon. Pero cómo explican que ambos jóvenes tengan disparos hechos por la espalda si supuestamente venían de frente. Las versiones no son convincentes”, dice la abogada Gloria Cano, de Aprodeh. Una de estos probables ejecutados fue Herma Luz Meléndez Cueva, la camarada Melissa, una joven de aproximadamente 17 años que, según información obtenida por Aprodeh fue secuestrada por los terroristas a los 14 años, enrolada a la fuerza  y obligada a ser pareja sexual  de algunos de los  mandos del MRTA. A su lado, estaba el camarada Dante. Cada uno recibió siete impactos de bala en la espalda y sendos disparos en la zona craneal occipital.

El Informe del Equipo de Antropología Forense, luego de analizar los cuerpos exhumados en 2001, concluye que, en varios casos, los disparos en el cráneo tienen una forma perfectamente redondeada, que solo puede darse si la persona está completamente inmóvil. “En el 57% de los casos se registró un tipo de lesión que típicamente perforó la región posterior del cuello… (…). La distribución y recurrencia de estas lesiones las convierte en un patrón. El hecho de que estas lesiones sigan la misma trayectoria (de atrás hacia adelante), sugiere que la posición de la víctima con respecto al tirador fue siempre la misma, y que la movilidad de la víctima, por lo tanto, fue mínima si no igual a 0”, dice el informe de julio de 2001.

La explicación a estas muertes nunca esclarecidas está en la presencia de un grupo que nada tenía que ver con el rescate. Su objetivo final  y único empezó casi como un segundo operativo: acabar con todos  los emerretistas que hubiesen sobrevivido. “En unas fotos se ve  unas personas entrando a la residencia con pasamontañas y portando armas largas (AKM) diferentes a las usadas por los comandos (subametralladoras Hecler Koch MP5). Y justamente el patrón que se repite en  varios de los cuerpos es el de orificios procedentes de armas de alta velocidad”, dice Gloria Cano.

Eran los miembros de un “grupo especial” de siete militares enviado por Montesinos y comandado por gente de su confianza, como Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga.  Aurelio Loret de Mola, Ministro de Defensa durante la etapa de las primeras investigaciones, los bautizó como “los gallinazos” y les atribuyó la responsabilidad de todo el lado oscuro de un operativo que pretendía ser impecable. La presencia de este grupo paralelo no estaba contemplada como parte de la operación pero debió contar con la anuencia de los jefes militares. “No cualquiera podía estar circulando por ahí sin la autorización de Williams”, dice Cano.

La evidencia más contundente que confirmó las sospechas  de la barbarie oficial fue el caso de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, el camarada Tito: sólo presenta un orificio de bala en la cabeza con una trayectoria de atrás hacia adelante. La pista de una ejecución está perfectamente clara. “Munición con ingreso por la parte posterior del cráneo. Con trayectoria de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. La amplitud y extensión de la fracturas sugiere que la herida debió ser causada por un proyectil de alta velocidad”,  dice el Informe realizado por José Pablo Baráybar. Además,  varios testigos afirmaron haber visto a Tito con vida luego de finalizado el operativo de rescate: en el año 2002, los suboficiales de la policía Marcial Teodorico Torres Arteaga y Raúl Robles Reynoso, subordinados de Zamudio,  declararon a una revista que  redujeron a ‘Tito’ durante el rescate, cuando intentó huir confundido entre los rehenes, y lo amarraron. Y el diplomático Hidetaka Ogura declaró ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación que vio en el jardín de la casa vecina  a Cruz Sánchez con vida: “En ese jardín, vi a un miembro del MRTA que se llamaba “Tito”. Sus manos estaban amarradas atrás y su cuerpo estaba tendido boca abajo hacia el suelo. El movió su cuerpo, así que pude reconocer que él estaba vivo. Cuando intentó hablar levantando su cabeza, un policía armado que estaba de custodia, pateó su cabeza y esta empezó a sangrar. Unos minutos después, apareció un militar del túnel e hizo levantar a “Tito” y lo llevó a la residencia”, dijo Ogura. Lo mismo declaró el general, y jefe de la Dincote en esos años, Félix Rivera, ante la Fiscalía que investigaba el caso: “(…) pregunto de forma general cuántos rehenes han muerto y me contesta parece que Giusti es el único y le digo de los emerretistas, me contestaron de forma general “Tito está con vida y se lo han llevado los comandos”, dijo. Sin embargo, Tito apareció finalmente muerto en la parte posterior de la casa,  con una granada en la mano a pesar de que, según más de un testimonio, había sido revisado y maniatado por miembros del escuadrón. “Hay algunas cosas que parecen preparadas. Según el acta de levantamiento de cadáveres, el camarada de Tito estaba ubicado cerca a la casa 1, que es por donde entró Fujimori pocos minutos después de finalizado el operativo.  Sin embargo, cuando le pregunté al general Robles del Castillo, que fue quien recibió al presidente, si había visto el cuerpo, me respondió que no. Tito no murió durante ningún enfrentamiento. Su ejecución  se produjo después”, asegura Gloria Cano.  

Otro de los casos donde la hipótesis de la ejecución es más que válida es el del camarada Marcos, un joven de aproximadamente 16 años. Sobre él no hay evidencias directas, por eso no se judicializó, pero sí existe el testimonio de varios rehenes que cuentan haberlo visto de rodillas, arrojando su arma y pidiendo perdón. Su cuerpo fue encontrado con ocho disparos, uno de ellos en la cabeza, y otro  en la región posterior de la rodilla izquierda.

La opinión de los peritos que analizaron los cuerpos es concluyente: “Es factible afirmar que existen evidencias, en al menos ocho de los catorce casos, en que las víctimas se habrían hallado incapacitadas al ser disparadas. La localización de las lesiones y su recurrencia indican, asimismo, que quienes las infligieron tenían conocimiento fehaciente de lo letales que eran”.

Secretos y omisiones

Hay demasiados indicios de que algo se pretendía ocultar: inmediatamente después del operativo no se permitió el ingreso del personal de UDEX, ni de la fiscal o de los peritos de criminalística,  para realizar las pruebas de absorción atómica de los  emerretistas muertos. Y, sin en embargo,  algunos informes y peritajes se firmaron bajo presión. “Todo apunta a que tiene que haber habido una orden posterior a  la finalización del operativo. Y ahora han cerrado filas en torno al caso. Dicen que no saben nada porque las comunicaciones fallaron, pero en el reporte de inteligencia no se da cuenta de ninguna irregularidad. Y cuando la Sala que veía el caso pidió el Plan de operaciones del rescate desde el Ministerio de Defensa dijeron que todo se quemó”, dice Cano. El envío de los cuerpos a la morgue del Hospital de la Policía y el hecho de que se enterraran  de forma clandestina, sin permitir la devolución a sus familiares, fortalece la teoría de de la conspiración. El general José Williams Zapata, que era quien dirigía  todo el operativo, no aclaró nunca por qué  autorizó el ingreso de un comando paralelo de aniquilamiento.

Cuando se abrió el  caso judicial  en el 2001, quedó claro que  se produjeron por lo menos tres ejecuciones extrajudiciales: la de Eduardo Cruz Sánchez, camarada “Tito”;  Herma Luz Meléndez Cueva, “Melissa”; y David Peceros Pedraza, “Dante”.  A pesar de las evidencias científicas y los testimonios, la actuación judicial fue lamentable. Según Gloria Cano, el juez Jorge Barreto que estaba cargo del caso, nunca se interesó por realizar indagaciones verdaderas en torno a los otros casos. Además, el juez Saúl Peña Farfán tenía en su despacho una maleta con 15  álbumes llenos de  fotografías de la operación y los cuadernos de inteligencia donde estaba el diseño del operativo y los datos recopilados al interior a través de los micrófonos, información valiosa que debía haber entregado al juez a cargo del caso. “La entrega se hizo finalmente a través de un oficio, pero los negativos de esas fotos fueron revisados y manipulados antes de que los abogados pudiéramos tener acceso a ellas”, dice Cano. “Hubo mucha interferencia para que pudiera administrarse justicia. Se desvió al proceso al fuero militar a pesar de que existía un claro pronunciamiento sobre la competencia del fuero común para casos de derechos humanos”, agrega. El fuero militar absolvió a todos los comandos y solo llevo a Montesinos, Hermosa Ríos, Huamán Azcurra y Zamudio a los tribunales civiles. Ese juicio empezó el 2002 y hasta ahora no termina. Esa es la razón más importante detrás de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado Peruano ha actuado como cómplice y encubridor de un comando de aniquilamiento. Y eso es lo que defienden los fujimoristas, el señor Rey, el señor Barba y ahora, ya lo vimos, el primer ministro Oscar Valdés.

Horror y dolor que no acaba

                                     

Fotos: Paul Vallejos C.

Para los familiares de los centenares de desaparecidos en Ayacucho en los años del terrorismo, los recuerdos son aún heridas  abiertas,  lágrimas recurrentes, pesadillas difíciles de borrar. Y siguen esperando justicia...

Han pasado veintiocho años desde que todo sucedió y  en Huamanga se sigue oyendo el mismo lamento. “Hasta cuando hijo perdido, hasta cuando hijo torturado” es el cántico lastimero que entonan  un grupo de madres al terminar una misa en honor a las víctimas de la violencia desatada no por Sendero Luminoso sino por las Fuerzas Armadas. Son  los familiares  de los  desaparecidos en el cuartel Los cabitos de Ayacucho que siguen buscando respuestas que no llegan y una justicia que parece cada vez más esquiva.

Mientras en Lima el general Carlos Arnaldo Briceño, jefe del Comando Conjunto en 1983, y por ello uno de los inculpados por los crímenes, alega “anomalías psíquicas”  para eludir sus responsabilidades, en Ayacucho la memoria está intacta: los testimonios tienen rostros diferentes  pero todos  dibujan vívidamente la misma historia de horror sufrida entre 1983 y 1985: detenciones, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.  “Entraron unos encapuchados a mi casa a la medianoche. Rebuscaron todo e hicieron levantar a mi hijo. Les grité preguntando por qué se lo llevaban. No me hicieron caso, me insultaron, me golpearon, lo subieron a un portratropas y se lo llevaron. Desde ese momento lo he buscado día y noche”. Quien habla es Angélica Mendoza, madre del joven Arquímedes Ascarza Mendoza, de 19 años, detenido y esfumado desde el  03 de julio de 1983.   La anciana de 83 años, cuyo testimonio también está incluido en el informe de la Comisión de la Verdad, repite con vehemencia e indignación su pesadilla hecha realidad. Y no es la única. “Se llevaron a mi hermano un 30 de noviembre de 1983. Tenía 16 años. Llegaron sorpresivamente a mi casa en el barrio Morro de Arica casi a la medianoche. Patearon a mi papá, empezaron a pedir documentos y él sólo tenia  boleta porque era menor de edad. Entonces lo sacaron, le pusieron una capucha roja y se lo llevaron. Reconocí que eran militares por las botas y porque afuera esperaban unos carros grandes. Se lo llevaron y no sabemos a dónde. No sabíamos ni dónde buscar.”, me cuenta entre lágrimas Maruja Cárdenas recordando la noche en que se llevaron a Oswaldo. Como ellas, cientos de familiares tienen una macabra historia que recordar. De estos, solo 54 casos de crímenes cometidos en 1983  llegaron  al Poder Judicial  en 2005 y ahora se encuentran en fase de juicio oral.

Según Gloria Cano, la abogada  de Aprodeh que representa a las víctimas, la estrategia de la defensa de Briceño y de los otros 6 inculpados es minimizar las responsabilidades y jugar a hacerse los desentendidos o desinformados: “Al inicio del proceso Briceño dijo que desconocía los hechos, que se trataba de excesos puntuales pero que la lucha antisubversiva se hizo en el marco del respeto a los derechos humanos. Ahora lo que busca, al decir que no se acuerda de nada y que está enfermo, es la impunidad”, dice Cano.  Lo cierto es que en algunos casos las evidencias sobre la conducta criminal que se daba en Los Cabitos no deberían dejar dudas a la Sala Penal Nacional que ve el caso. “Hay una nota que envío mi hermano, desde el cuartel, 15 días después de su detención. Allí pide un abogado”, cuenta Ana María Ascarza, hermana del desaparecido Arquímedes. Junto con aquella nota,  ella recibiría, en esa ocasión, también  un sombrío comentario del intermediario de la comunicación. “El muchacho está rengueando, me dijo mi tío, suboficial del ejército, parece que lo han torturado. Entonces yo le pregunté qué le habían hecho y me contestó que le habían metido un palo de escoba por al ano.”, dice sin ocultar su conmoción. Esa fue la última vez que supo de su hermano.  La única certeza que tiene es que estuvo en ese cuartel.



La Hoyada. Homenaje y recuerdo a las víctimas



 Según Maruja Cárdenas, de aquella pesadilla solo se salía si se tenía un buen  contacto militar y algo de dinero. “Había que conocer a algún militar y pagar para que liberen al detenido. Como nosotros éramos pobres y no teníamos, no pudimos salvar a mi hermano. Mi padre se fue a San Miguel, un pueblo vecino,  a pedir ayuda o un préstamo y nunca volvió. Luego nos enteramos que también lo mataron los militares. Lo acribillaron por reclamar por mi hermano y nadie dijo nada por temor”, recuerda. Y no parecía haber sosiego. “Después de lo que pasó venían a la casa a asustarnos, a amedrentarnos, no podíamos ni denunciar porque si te encontraban con un papel de denuncia amenazaban  con matarte. Cuando venían a la casa y veían que eras joven, empezaban a manosearte. Mi mamá tenía que suplicar para que no se llevaran a nadie más”, agrega.

Esa es la realidad  espeluznante que Briceño y los demás acusados dicen haber olvidado o desconocido por completo. Aunque el pedido de la defensa para declarar la incapacidad del acusado  ha sido desestimado por la Sala Penal Nacional, ha sido  recurrido en queja a la Corte Suprema. En su desesperado intento de no  naufragar una vez más en sus afanes de defensa, Nakasaki, el inefable defensor de causas indefendibles, ha alegado que en el caso de los demás miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas procesados, su actuación era complementaria y no sabían nada de los planes operativos, un argumento que la defensa de las víctimas considera absurdo. “La actuación del comando es coordinada y justamente para el apoyo en las actividades y desarrollo de los planes. No es aceptable que digan que nadie sabía lo que hacían en Ayacucho”, dice Cano.  Nakasaki, urgido por salvar a su cliente, ha ofrecido un peritaje psiquiátrico de parte para probar la “enfermedad” del general de 83 años y también ha solicitado que los especialistas de parte entrevisten a los torturados.

Uno de ellos será el  profesor Esteban Canchari, cuya historia  no parecen dejar lugar a dudas. “La noche del 4 de junio de 1983, casi a medianoche, irrumpieron a golpes en mi casa en el pueblo joven La Libertad. Hacía mucho tiempo que vivíamos en toque de queda pero no me imaginé que vendrían por mí. Me tiraron al suelo, rebuscaron mi casa y no encontraron nada. Empezaron a patearme, a insultar a mi esposa y me enmarrocaron. Me sacaron rápidamente y me metieron al convoy. Estuve detenido siete días. Querían que les diga donde funcionaban las escuelas populares. Yo no sabía nada”, cuenta. Lo que vino después probó la perversidad de los métodos que implantó, directamente, el jefe operativo de la zona de emergencia, general Clemente Noel Moral. “Me pusieron cadenas en las extremidades y me elevaron, luego me siguieron golpeando. Para que no se oyeran los gritos, ponían la música a todo volumen. Me tiraban al suelo, caminaban sobre mi espalda, me metieron de cabeza a un cilindro con agua. Me han hecho mucho daño. Me rompieron la nariz, me dejaron ensangrentado. Hasta ahora no puedo escuchar bien”, agrega el hombre que, a pesar del tiempo transcurrido, parece todavía asustado.  Y lo peor es que su pesadilla no terminó con su liberación. Su hijo Gregorio también fue detenido y permanece hasta hoy desaparecido. “Tenía 19 años y se lo llevaron del colegio Libertadores el 12 de marzo de 1984.  Desde esa fecha no lo volví a ver”, dice.  Al comienzo le  dijeron que su hijo había sido llevado a la Comisaría y luego a la Unidad de Inteligencia, conocida como Casa rosada. Luego toda pista se borra. También es un misterio la suerte que corrieron  Jaime Gamarra Gutiérrez y Rómulo Cueto Huamancusi, dos jóvenes cuyos padres también están presentes en la misa que se realizó en La Hoyada, el campo de entrenamiento del cuartel huamanguino donde en 2005 se hallaron fosas y se recuperaron los restos de 109 personas. Un lugar que ahora los familiares pretenden convertir en un santuario y así evitar que algunas asociaciones de militares, interesadas en borrar el pasado, inicien la construcción de viviendas.

El inicio de la pesadilla



Angélica Mendoza, la lucha de una madre.

Todo empezó en diciembre de 1982, cuando el presidente Fernando Belaúnde Terry autorizó el ingreso de las Fuerzas Armadas a Ayacucho, un territorio en estado de emergencia y gravemente amenazado por el avance subversivo. Con Briceño en la Comandancia General, se nombró como jefe político militar de la zona al general Clemente Noel  Moral, el abanderado de la política de la tierra arrasada, que planificó y ejecutó una estrategia premeditadamente violatoria de los derechos humanos. Fue durante su gestión que se produjeron las desapariciones de cientos de hombres y mujeres. La Comisión de la Verdad documentó más de 130 casos, pero las familias que denunciaron la desaparición de sus familiares en el cuartel Los Cabitos fueron más de 500. Según Gloria  Cano, los casos exceden el millar y, en todo caso un cálculo exacto jamás podrá hacerse. Es que entre 1983 y 1985 no solo se asesinó  y depositó cuerpos en fosas, también se incineró a un número indeterminado de personas justamente para acabar con las evidencias del delito. Fue Wilfredo Mori Orzo, nombrado jefe político militar en 1985 quien mandó a construir un horno en Los Cabitos. “Dijeron que era para panes, pero allí quemaban a la gente”, dice Angélica Mendoza, que desde la muerte de su hijo no ha parado de buscar justicia. Por eso formó la Asociación Nacional de familiares de secuestrados, detenidos y desaparecidos del Perú. “No tuve miedo ni de las amenazas ni de las balas. He buscado entre cadáveres en Infiernillo y Lagunilla, he recogido cabezas, pero a mi hijo nunca lo encontré. Al abogado que me ayudo lo amenazaron y se fue. Si alguien me ayudaba lo mataban. La prensa tenía miedo e informaba a medias y ni la Iglesia nos ayudó. Así era en esos años. Coordinábamos todo a escondidas. Me duelen las cosas que he visto y eso no se puede olvidar. Por eso mientras viva voy a seguir buscando aunque nadie más me ayude”, dice. Es que Angélica recuerda con especial decepción las promesas incumplidas de un ex presidente. “Cuando Alan era candidato vino y pidió reunirse conmigo. Me prometíó castigo para los culpables e indemnización para nosotros. Pero no cumplió porque es completamente mentiroso ese señor. Yo se lo dije en su cara, que no le creía”, confiesa. 

Debido a las numerosas evidencias y testimonios recopilados, Los Cabitos fue uno de los casos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó judicializar, incluyendo en el proceso a Briceño,  uno de los siete altos mandos militares encausados por la justicia peruana. Según la CVR, el Cuartel Los Cabitos fue el principal centro de reclusión, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial entre 1983 y 1985.  En 2005, luego del hallazgo de las fosas, el horno, algunas prendas de vestir carbonizadas y otros elementos probatorios, se concretó la denuncia fiscal. Ahora, tras  28 años de los hechos, y a más de cinco años del inicio de la investigación, el juicio oral se inició el pasado  26 de mayo.

Más allá de los alegatos de la defensa, la fiscalía ha pedido para Briceño  y los otros inculpados (Julio Coronel Carbajal D’Angelo, Carlos Millones D’Estefano, Roberto Saldaña Vasquez, Edgar Paz Avendaño, Humberto Orbegozo y Arturo Moreno Alcantara) una condena de 25 años. Los cargos son contundentes: se ha determinado en la denuncia penal que en 1983 existió una política de estado para la lucha contrasubversiva que contemplaba la detención masiva y arbitraria, la reclusión en una instalación militar, la practica de actos de tortura con el objeto de arrancarles autoinculpación o declaraciones, lesiones intencionales e indiscriscriminadas, la liberación selectiva, y condicionada y, en la mayoría de casos,  la ejecución extrajudicial. “Era una estrategia diseñada por el alto mando. Al general Clemente Noel, jefe político militar de la zona en ese año, se le dio carta abierta para aplicar todo tipo de operativos y capturas. Quisieron  hablar de casos aislados, pero lo cierto es que las detenciones  eran de conocimiento  público y tan masivas como notorias. Y sin embargo, el comando de las FFAA y su jefe, Briceño,  conociendo la situación,  no hicieron nada para impedirlo ni sancionarlo”, dice Cano.

Y mientras el proceso avanza lento, porque los juicios se realizan solamente por unas horas, una vez por semana o cada 10 o 12 días, las familias van extinguiéndose antes que sus esperanzas de justicia. Varias madres de los desaparecidos han muerto sin llegar a la verdad  debido a su avanzada edad. Otras esperan que antes que la muerte las alcance puedan recibir una respuesta o por lo menos una reparación justa. “Estoy enferma y sola. Necesito saber de mi hijo y también necesito la reparación”, me dice Isabel Huamancusi con su hablar entre el castellano y el quechua. “A mi madre le dieron cinco mil soles por mi hermano. Pero por mi papá, nada”, me cuenta Maruja sobre la reparación que recibió de parte del Estado. A todas, sin embargo, lo que más les preocupa es saber qué pasó y dónde quedaron los restos de sus familiares.

 “Alguna vez una persona nos preguntó si era posible reconciliarse. Sí podemos hacerlo si nos dicen dónde están nuestros parientes. Si el perpetrador viene hoy y nos dice dónde está mi hermano, yo le perdono todo lo que ha hecho. Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”, me dice Ana María Ascarza. “Uno tiene sentimientos encontrados: miedo de encontrar los restos y comprobar esa atrocidad, pero también necesidad de saber”, agrega.

- ¿Crees que alcanzarán alguna vez algo de justicia, algunas respuestas?- le pregunto a Ana María.

“Sinceramente, lo veo muy lejano. Los generales de esa época, algunos están muertos. Han desaparecido documentos, huellas. Hay indicios y hace tiempo deberíamos haber logrado algo, pero aún no sabemos nada”, me dice con desgano y convencida de que un ser querido desaparecido es un ausente que jamás termina de irse y  al que nunca se le termina de llorar.